Carmen Chacón votó a favor de la licencia a GolTV propiedad de su marido

La ministra de Defensa, Carmen Chacón, puede haber incurrido en incompatibilidad, por mucho que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, diga que no. Y el motivo nada tiene que ver con su cartera. Por partes:

Primero, la ministra de Defensa está casada con Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación en el primer Gobierno de Zapatero y actual alto cargo del grupo WPP, copropietario de Imagina, empresa dueña de Mediapro, que es, a su vez, promotora de La Sexta. Desde su cargo de secretario de Estado de Comunicación facilitó la apertura de La Sexta (MEDIAPRO) y Cuatro (PRISA).
Segundo, la TDT de pago, por ahora, sólo explotará un canal de televisión, GolTV, perteneciente a Mediapro.
Tercero, el pasado 13 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de la televisión digital terrestre de pago.
Cuarto, la ministra votó a favor de dicho decreto ley que beneficia, directamente, los intereses comerciales de la empresa de su marido.
Quinto, al ser preguntado si la ministra votará en el Congreso el citado decreto en sede parlamentaria, Zapatero contestó: “Supongo que sí, supongo que no habrá ninguna inconveniencia y ninguna incompatibilidad”.
Pero sí que la hay por la nueva ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos (5/2006 de 10 de abril). La citada normativa dice que puede exisitir conflicto de intereses cuando “los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas”.

Además, la ministra Chacón se ha saltado el Código de Buen Gobierno que puso en marcha el mismísimo ZP, publicado el 7 de marzo de 2005— que supuestamente tenían que seguir todos los miembros del Ejecutivo y altos cargos de la Administración del Estado. El Código sirvió de base para la aprobación de la ley 5/2006 de 10 de abril que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno.